La decisión del INPE de mandar a Martín Vizcarra a Ancón II ha generado denuncias de abuso de poder por parte de la defensa del «Lagarto».
Abogados de Martín Vizcarra alegan motivaciones políticas detrás del traslado del exmandatario.
El traslado de Martín Vizcarra a Ancón II
El expresidente ingresó a Barbadillo el 14 de agosto para cumplir prisión preventiva por cinco meses mientras se resuelve su juicio por presuntos sobornos. Sin embargo, la oficina regional del INPE en Lima anuló su clasificación y ordenó una nueva evaluación.
Esta junta técnica concluyó que debía cambiar de penal por “motivos de seguridad penitenciaria”, trasladándolo finalmente a Ancón II, un penal común con condiciones restrictivas y su contexto cargado de problemas estructurales.
El comunicado oficial del INPE fue escueto, sin detallar los fundamentos reales ni publicar la resolución oficial. Vizcarra mismo denunció que la decisión fue política y no técnica, pues la junta que lo evaluó le habría recomendado permanecer en Barbadillo.
La seguridad como excusa, ¿o un castigo encubierto?
Barbadillo es un penal exclusivo para exmandatarios, diseñado para proteger su integridad y evitar enfrentamientos con la población penitenciaria común. Ancón II, en cambio, tiene dramas carcelarios comunes y limita la movilidad e intimidad del interno, mucho más que Barbadillo.
El traslado se trataría de un castigo político disfrazado que expone a Vizcarra a riesgos y vulnerabilidades innecesarias. Esta medida abre una puerta peligrosa para la politización de la justicia y las cárceles, utilizadas para neutralizar adversarios y mandar mensajes de poder.
¿Qué implica para la justicia que Martín Vizcarra sea recluido en Ancón II?
Este movimiento pone en evidencia la fragilidad del sistema judicial y su vulnerabilidad frente a presiones políticas. La decisión discrecional afecta la independencia judicial y genera mayor desconfianza en la ciudadanía sobre la imparcialidad de la justicia penal en casos de alto perfil político.
La falta de transparencia y claridad en las decisiones, junto con las denuncias de los abogados de Vizcarra por abuso de autoridad, demuestra que la separación de poderes está en entredicho. La justicia se percibe cada vez más como un campo de batalla donde gana quien tiene apoyo político.
La cárcel convertida en mensaje político
El traslado no solo afecta a Vizcarra sino que marca un precedente preocupante para otros líderes políticos bajo proceso. Usar la cárcel para sanciones políticas erosiona la democracia y convierte la justicia en un juego de poder, donde la transparencia y el respeto a los derechos quedan relegados.
En un país donde el sistema penitenciario ya sufre por el hacinamiento y la corrupción, a estas alturas no se puede aceptar que un expresidente sea sometido a condiciones que vulneran derechos básicos con fines políticos.
Martín Vizcarra en Ancón II es más que un traslado: es un síntoma de la crisis institucional y política del Perú. La verdadera justicia debería proteger a todos por igual para no perder la fe en el sistema.
