El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) alertó que los proyectos tributarios, presentados en el actual Congreso, podrían implicar un costo fiscal anual superior a S/406.462 millones.
El monto equivale al 35,2% del producto bruto interno (PBI) previsto para 2025, según un informe remitido a la congresista Ruth Luque Ibarra.
Evaluación de proyectos tributarios entre 2021 y 2025
Entre julio de 2021 y julio de 2025, la Dirección General de Política de Ingresos Públicos (DGPIP) evaluó 144 iniciativas legislativas en materia tributaria. Según la entidad, todas ellas tendrían como efecto una reducción en la recaudación del Estado.
El MEF recordó que desde 2013 recibió 1.723 proyectos para opinión técnica vinculados a tributos, de los cuales el 90% fueron de iniciativa congresal.
Además, advirtió que la tendencia se ha intensificado en los últimos años. Entre 2021 y 2025, el número de propuestas tributarias creció en promedio un 16% por año, lo que proyecta más de 300 iniciativas solo en 2025.
Impacto fiscal de proyectos aprobados y pendientes
El informe precisa que del total de iniciativas evaluadas, un 17% ya cuenta con aprobación. Estas medidas representan un costo fiscal anual de S/26.954 millones, equivalente al 2,3% del PBI.
Los dictámenes pendientes tienen un impacto potencial mucho mayor, con un costo estimado en S/152.893 millones, lo que representa el 37,6% del total proyectado por el MEF.
Distribución del impacto por grupos políticos
De acuerdo con el análisis, Acción Popular concentra el mayor costo fiscal acumulado, alcanzando S/188.371 millones (46,3% del total).
Por su parte, Fuerza Popular lidera en número de iniciativas, con 25 proyectos, que representan el 17,4% del total presentado en el Congreso.
Advertencia sobre riesgos fiscales por proyectos tributarios
El MEF señaló que la magnitud de los efectos de estas propuestas implica un riesgo significativo para la sostenibilidad macroeconómica del país. Asimismo, indicó que la falta de actualización de información sobre proyectos en el portal del Congreso limita la capacidad de monitoreo sobre el avance legislativo.
El informe fue elaborado por la Dirección General de Política de Ingresos Públicos y enviado a la congresista Ruth Luque Ibarra como respuesta oficial a su solicitud de información.
