La reciente Ley de Amnistía exonera a militares, policías y civiles implicados en graves violaciones durante el conflicto interno entre 1980 y 2000, marcando un giro radical en la política de justicia transicional del país.
Esta medida, lejos de buscar reconciliación, refuerza la impunidad, erosiona derechos fundamentales y ha generado un rechazo contundente tanto a nivel nacional como internacional, dejando a las víctimas sin las reparaciones que merecen y vulnerando aún más su dignidad.
Impulso político y respaldo oficial detrás de la Ley de Amnistía
La Ley de Amnistía surgió en el Congreso impulsada por la Comisión de Constitución, liderada por Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular y respaldada por bancadas conservadoras como Alianza para el Progreso y Renovación Popular.
Dina Boluarte promulgó la LEY Nº 32419 o Ley de Amnistía el 13 de agosto de 2025 en Palacio de Gobierno, justificándola como un “reconocimiento histórico” a quienes combatieron el terrorismo.
Alcance y mecanismos de la Ley de Amnistía
La norma beneficia a militares, policías y comités de autodefensa investigados por graves delitos durante el conflicto interno entre 1980 y 2000 y debilita cualquier posibilidad real de rendición de cuentas.
Gracias a este blindaje legal, los beneficiados pueden obtener la liberación anticipada, incluso sin sentencia condenatoria definitiva, siempre que cumplan con requisitos como la edad avanzada. Así, se consagra un marco que permite pasar la página, pero solo para los responsables.
La verdadera intención detrás de la norma
El gobierno y el Congreso presentan esta ley bajo el discurso de justicia y reconocimiento a quienes enfrentaron al terrorismo, pero en la práctica esconden una agenda orientada a proteger a actores estatales implicados en graves violaciones de derechos humanos.
La ley opera como un escudo que disuelve responsabilidades, cerrando la puerta a investigaciones y sanciones reales, y consolida el olvido institucional sobre crímenes que siguen exigiendo justicia.
Impacto en la justicia y la democracia peruana
Con la puesta en marcha de la Ley de Amnistía, el Estado peruano oficializa la impunidad, otorgando protección a responsables de casos emblemáticos de violencia estatal como las matanzas de Accomarca y La Cantuta.
Esta norma supone un retroceso en la rendición de cuentas y la reparación, recibiendo duras críticas internacionales por violar compromisos en derechos humanos; en lugar de fortalecer el Estado de Derecho, protege a abusadores con poder político y militar, dañando la confianza en las instituciones y perpetuando la injusticia.
Lejos de cerrar las heridas, la Ley de Amnistía perpetúa el silencio sobre crímenes atroces y envía un mensaje de impunidad oficial, allanando el camino a nuevas violaciones y autoritarismos que se amparan en una memoria histórica selectiva y manipulada.
