Grupo Pérgola SAC logró más de S/2,500 millones en contrataciones con el Estado después de un cambio societario realizado en 2022. Desde ese momento, la empresa aparece encabezada formalmente por dos personas cuya trayectoria laboral no se vincula al sector ni reúne experiencia en construcción: una vendedora de desayunos y una exbarrendera.
Funcionarios responsables y cifras en cuestión
En los procesos de licitación participaron el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Salud (MINSA), la SUNAT y gobiernos regionales como La Libertad, Huánuco y Ayacucho.
Las autoridades a cargo durante la asignación de los principales contratos fueron César Acuña (La Libertad), Antonio Pulgar (Huánuco), Wilfredo Oscorima (Ayacucho), César Vázquez (MINSA) y César Sandoval (MTC). Bajo sus administraciones, Grupo Pérgola SAC integró consorcios y recibió adjudicaciones por cientos de millones de soles en obras públicas.
No hay registro alguno de que estas personas hayan gestionado empresas similares ni acrediten estudios ni experiencia administrativa o técnica en la materia. La informalidad con que quedaron inscritas resulta inaceptable a la luz de los filtros que exige la contratación pública para operaciones de semejante escala.
Testimonios e irregularidades reveladas de Grupo Pérgola
Un reportaje periodístico de Panorama documentó que las accionistas oficiales no sabían de la existencia real ni operativa de Grupo Pérgola SAC. Ninguna de ellas fue informada sobre la constitución societaria, los contratos con el Estado o los flujos de dinero públicos que se generaron a su nombre.
Estos hechos evidencian no solo graves deficiencias en la fiscalización estatal, en la verificación de beneficiarios finales y en los controles de capacidad técnica y financiera del sistema de compras públicas, sino también la posible existencia de una red de corrupción enquistada en entidades estatales.
Un sistema de control que requiere respuestas
Resulta preocupante que Grupo Pérgola SAC haya recibido S/2,500 millones en contratos públicos mientras los perfiles de sus representantes legales no cumplieron requisitos básicos del rubro.
Se requiere una auditoría exhaustiva y la identificación de los verdaderos responsables detrás de la operación, así como la depuración de funcionarios y proveedores que hayan eludido los mecanismos legales.
La ausencia de controles no solo expone al Estado a pérdidas millonarias sino que legitima estructuras opacas y crea condiciones para reiterar el fraude institucional. La confianza pública depende de que el Estado transparente estos procesos y sancione cada irregularidad comprobada.
